Garantizamos el ejercicio de la capacidad legal plena de personas con discapacidad, mayores de edad, por virtud de la Ley 1996 de 2019.
La Ley 1996 de 2019 establece medidas para garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y el acceso a los apoyos que puedan requerir para ejercerla — sin necesidad de figuras como la interdicción.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.
Artículo 2°. Interpretación normativa. La presente ley debe interpretarse conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integren el bloque de constitucionalidad y la Constitución colombiana.
Permite que la persona con discapacidad tome sus propias decisiones —con la asistencia que necesite— en lugar de que un tercero decida por ella, reconociendo su voluntad y preferencias en cada acto jurídico.
Es el mecanismo por el cual una persona con discapacidad, mayor de edad, designa formalmente a una o varias personas de su confianza para que la asistan en la toma de decisiones y en la celebración de actos jurídicos, sin sustituir su voluntad.
Sí. Se reconoce la capacidad legal plena de todas las personas con discapacidad mayores de edad y se sustituyen las figuras de interdicción por sistemas de apoyos y salvaguardias.
Puede formalizarse ante notario o ante un conciliador de un centro de conciliación autorizado, según el caso. Te acompañamos en todo el trámite.
Sí. Las personas mayores de 18 años pueden celebrar contratos sin autorización de otra persona; los apoyos son voluntarios y sirven para facilitar la comprensión y la manifestación de la voluntad.
Son las modificaciones y adaptaciones necesarias —de comunicación, tiempo, entorno o procedimiento— para que la persona con discapacidad participe en igualdad de condiciones en cada acto jurídico.